Una pieza que faltaba en el puzle de la seguridad
La regulación de la Criminología como profesión ha dado un paso importante en España con el registro en el Congreso de una proposición de ley para establecer un marco jurídico claro al ejercicio profesional de la Criminología. Esta iniciativa legislativa, que responde a una demanda histórica del colectivo criminológico, exige que sólo quienes posean el título universitario oficial de Licenciatura o Grado en Criminología (o su equivalente homologado) puedan ejercer profesionalmente y define con precisión 21 ámbitos competenciales y más de 30 posibles puestos profesionales relacionados con el análisis delictivo, la prevención, la intervención y la evaluación de la criminalidad y la seguridad en ámbitos públicos y privados.
De la intuición a la evidencia
En el sector convive mucha experiencia práctica con poca estandarización analítica. Quien trabaja en primera línea conoce bien los entornos de riesgo, pero esa percepción, sin datos, puede convertirse en sesgo. La Criminología aporta método: evaluación de riesgos delictivos, identificación de entornos criminógenos, análisis de reincidencia y revictimización y formulación de medidas preventivas proporcionadas. No se trata de “opinar mejor”, sino de decidir mejor con base empírica.
La norma citada por la comunidad profesional apunta a un marco amplio de actuación: elaboración de informes criminológicos, análisis de la criminalidad, prevención operativa (policial, penitenciaria, vial y cibernética), intervención con víctimas y participación en justicia restaurativa, entre otros. Además, perfila más de 30 puestos profesionales: desde peritaje y análisis delictivo hasta ciberseguridad, criminología ambiental o atención a víctimas. La consecuencia directa es clara: más especialización en tareas que hoy recaen en perfiles que, a menudo, no manejan metodologías criminológicas.
En el ámbito corporativo, la incorporación de profesionales de Criminología impacta en tres frentes:
- Diagnóstico: pasar del “hay robos” al “dónde, cómo, cuándo y por qué” con indicadores que permitan diseñar la solución adecuada (no siempre más cámaras; quizá mejor iluminación, control de accesos y rediseño de flujos).
- Estrategia: priorización de medidas coste-efectivas y multicapa (perímetro, accesos, intrusión, videovigilancia, procedimientos).
- Evaluación: establecer KPIs de prevención (tasa de incidentes por zona, intentos fallidos, tiempos de respuesta, revictimización) y ajustar la arquitectura de seguridad con criterios objetivos.
Administraciones públicas: una obligación que profesionaliza
La norma prevé la inclusión del criminólogo/a en relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público en ámbitos ligados a prevención del delito, reinserción, atención a víctimas, mediación, seguridad pública y protección del informante, entre otros. No se trata de una previsión meramente formal o declarativa sino de una medida real y operativa que exige cambios estructurales en la forma de diseñar y ejecutar las políticas públicas de seguridad. Implica a equipos interdisciplinares donde la Criminología colabora con policías locales, servicios sociales, urbanismo, ciberseguridad y justicia para alinear diseño de políticas con evidencia.
La regulación no sustituye a los servicios de seguridad; los complementa. El tándem ideal:
- Criminología para diagnosticar, priorizar y evaluar (mapas de riesgo, patrones delictivos, estudio de modus operandi, medidas CPTED, indicadores).
- Ingeniería e integración de sistemas para ejecutar (videovigilancia IP, control de accesos, intrusión, seguridad perimetral, integración VMS/PSIM).
Ese acoplamiento reduce falsas soluciones a menudo muy costosas y poco eficaces (compras excesivas, capas redundantes, dispositivos mal ubicados) y eleva el rendimiento del presupuesto de seguridad.
Regular la Criminología no es solo reconocer una profesión: es elevar el estándar. Supone insertar una capa de análisis técnico entre el problema y la compra de soluciones, y exige que la prevención sea medible y transparente.
